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Libertad y responsabilidad

Una mujer, con su nombre y apellidos, escribió ayer en un grupo colectivo de Facebook de Pozoblanco un mensaje en el que acusaba a su pareja de haber violado a su hija de seis años. Ante la petición de alguien, esa mujer publicó la foto del presunto pederasta, al que reconocieron otros participantes en el grupo. Comentarios a favor y en contra de tan tremenda acusación se sucedieron frívolamente durante varias horas, sin que nadie pareciera advertir lo espeluznante de la situación, hasta que el administrador del grupo -alertado del riesgo por alguien o llevado por su propia iniciativa- borró el mensaje inicial y todos los comentarios posteriores. La denuncia era tan enorme y la forma de exposición tan trivial que corresponde al señalado tomar sin demora las acciones legales que correspondan contra semejante atentado a su intimidad, su honor y su dignidad. Una persona fue puesta en la picota y para quienes leyeran aquella diatriba (el grupo tiene casi seis mil miembros) siempre se mantendrá la duda y la sospecha de si lo que allí se decía con tan malos modos era cierto o no.

¿Puede considerarse la denuncia de esta mujer un ejercicio de su libertad de expresión? ¿Debe un medio de comunicación estar abierto a este tipo de acusaciones sin pruebas que atentan tan gravemente contra la imagen de un ciudadano particular? ¿Tiene el administrador del grupo alguna responsabilidad en estos hechos?

A mi parecer, lo sucedido no es anecdótico y comporta graves consecuencias, que no corresponde ahora delimitar. Tan solo señalaré la responsabilidad que compete a quien está al frente de ese medio, como encargado de determinar qué opiniones deben aparecer en él y qué orientación desea otorgarle, sabiendo que la función del administrador en este ámbito nunca es neutral, aunque se pretenda, sino sometida al inapelable poder de la subjetividad y el propio criterio, cuyas consecuencias hay que asumir una vez aceptado voluntariamente el reto arbitral.

La consideración es válida igualmente para los medios tradicionales, donde la demora en su publicación permite un mayor ejercicio reflexivo previo. El editor de un periódico tiene responsabilidad directa de lo que se publica en él y ante la advertencia de un contenido improcedente resulta una frivolidad incompetente revolverse en defensa de una libertad de expresión que nadie ha cuestionado para obviar de este modo la propia responsabilidad. Colocarse al frente de un medio de comunicación (digital o en papel, controlado o abierto) comporta unos riesgos que deben asumirse. Riesgos que pueden ser de índole penal (como, a mi parecer, pudieran derivarse del episodio del grupo de Facebook) o de denuncia social (cuando se permiten opiniones que atentan contra los valores de tolerancia e igualdad que la sociedad actual persigue). Cada medio de comunicación tiene autonomía absoluta para definir su propia línea editorial, pero nadie puede ampararse en la libertad de expresión para exigir complacencia generalizada ante vertidos fecales pagados con dinero público.

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