Internet y la denuncia pública

Internet y la denuncia pública

Hace ya algunos meses me escribió Jorge Pozuelo, de Villanueva de Córdoba, denunciando las irregularidades que, a su juicio, se habían cometido en el proceso de selección de un encargado de mantenimiento para la piscina municipal de su pueblo y que le habían afectado negativamente. Según contaba, la elección efectuada por el Ayuntamiento jarote no respetaba el baremo publicado y la plaza había sido finalmente adjudicada ("a dedo") a una persona con menor puntuación que él mismo. Como tengo decidido que los asuntos estrictamente locales no constituyen materia de Solienses, no me hice eco entonces de aquella denuncia pública, la cual, sin embargo, sí fue difundida convenientemente en otros sitios (como el blog del PSOE de Villanueva de Córdoba o Radio Luna).

Hace unos días me envió un correo Antonia Gutierrez, Directora de la Residencia de Mayores Virgen de Luna de Villanueva de Córdoba, manifestando su disconformidad ante la resolución del concurso del servicio de Ayuda a Domicilio efectuada recientemente por el Ayuntamiento de aquella localidad. A su entender, se ha producido una adjudicación injusta al resultar seleccionada una cooperativa recién formada cuyas componentes alegan una formación profesional muy inferior a la de los trabajadores de su empresa.

No pretendo abordar ahora las razones que asisten a estas dos personas que denuncian públicamente actuaciones municipales en las que se han sentido perjudicadas, ni contraponer los argumentos que seguramente podría ofrecer el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para justificar sus decisiones. Porque lo interesante en este asunto sería extraer, a partir de estos dos casos particulares, conclusiones generales que pudieran ser aplicables a casi todos los Ayuntamientos de nuestros pueblos.

De un lado, deduzco que no existen los cauces de comunicación suficientes entre los Ayuntamientos y los ciudadanos para que estos asuntos privados, en los que las personas implicadas se han sentido injustamente tratadas, puedan resolverse satisfactoriamente a través de un encuentro personal en el que se disiparan todas las dudas que pudieran enturbiar la actuación municipal. Si un ciudadano se ve forzado a exponer su caso particular a la opinión pública (con el daño personal que muchas veces puede derivarse de esta actuación en pueblos como los nuestros) es porque no ha encontrado la necesaria satisfacción en su trato con la administración municipal, que no siempre incluye entre sus obligaciones principales la transparencia en su relación con los ciudadanos.

Pero la concurrencia de estos dos casos me parece además tan meritoria como significativa por tratarse quizás de la punta de lanza de un fenómeno ya muy bien desarrollado en otros niveles, pero que en nuestros pueblos anda todavía en estadios muy iniciales. Me estoy refiriendo a que por fin los ciudadanos comienzan a darse cuenta de que un modo muy efectivo de defender sus derechos que consideren lesionados consiste en la denuncia abierta de los problemas a través de los medios de comunicación y, por encima de todos ellos, a través de internet y su infinito poder de difusión. Por supuesto, no aludo a las personas anónimas que cobardemente lanzan acusaciones carentes, la mayoría de las veces, del menor fundamento, sino a ciudadanos perfectamente identificados que se enfrentan con valor y gallardía a una actuación municipal que interpretan equivocada o injusta, asumiendo los riesgos que tal exposición pública de asuntos particulares pueda traer consigo. Con frecuencia, los gobiernos locales se aprovechan del reparo que los ciudadanos particulares sienten de "significarse" en la vida social de nuestros pueblos, donde ciertas disidencias pueden ser severamente castigadas. Por desgracia, los poderes públicos, y más en los ámbitos locales, raramente fomentan la participación ciudadana en los asuntos verdaderamente importantes ni se convierten en dinamizadores de comportamientos democráticos. Ante tal actitud, corresponde a los propios ciudadanos particulares el romper las rigideces de los hábitos municipales asentados en los principios del oscurantismo y la opacidad y abrir brechas a la eficacia a través de la denuncia pública de ciertos asuntos. No sólo es nuestro derecho, sino también nuestra obligación como ciudadanos que aspiramos a vivir en una sociedad cada vez más libre. Y cada día queda más claro que esta sublime tarea encuentra en internet un poderoso aliado.