Benito García y el riesgo de la huida hacia adelante

Benito García y el riesgo de la huida hacia adelante

En el transcurso del pleno extraordinario celebrado el lunes en Pozoblanco, Benito García de Torres, que presidía la sesión por incompatibilidad del alcalde con los asuntos tratados, expulsó del salón de plenos a la concejala no adscrita, Josefa Márquez, tras llamarla al orden en tres ocasiones. El teniente de alcalde ya había advertido premonitoriamente de esta intención al comenzar el debate en torno a la resolución del expediente de exigencia de responsabilidad patrimonial contra Baldomero García, leyendo los artículos correspondientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales (conocido como ROF). Su intención era evitar que el transcurso del pleno se convirtiera de nuevo en el "circo" (según expresión que gusta a algunos representantes políticos pozoalbenses) que últimamente contemplan atónitos los ciudadanos de Pozoblanco.

El amparo legal para tan drástica decisión (que repugna a la conciencia democrática y sólo debería utilizarse en casos extremos) fue el artículo 95 del ROF, que reza en su literalidad:

1. El Alcalde o Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la Corporación que:

a. Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier otra persona o entidad.
b. Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden de las sesiones.
c. Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente podrá ordenarle que abandone el local en que se esté celebrando la reunión, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

La concejala no adscrita, en su turno de palabra correspondiente, y tras un primer escarceo formal, comenzó a solicitar la creación de una comisión de investigación, "formada por peritos independientes", que depurara las responsabilidades del caso objeto de debate. Apenas al minuto y medio de discurso, el presidente la conminó a ceñirse "al dictamen que estamos tratando y no hacer sugerencias de creación de comisiones, que no es el asunto del orden del día". Como la concejala, estimando que su propuesta estaba referida al asunto tratado, continuara con su propuesta de creación de comisión, Benito García la llamó al orden por primera vez, apenas a los dos minutos de intervención. Como aquella persistiera en su intención, este la llamó al orden por segunda vez. "Yo quiero que tome nota todo el pueblo de Pozoblanco de lo que tenemos como primer teniente de alcalde. Es una vergüenza lo que hay aquí", afirmó entonces Josefa Márquez. Y, sin mediar más argumentación, el presidente de la sesión la llamó al orden por tercera vez, suspendió el pleno temporalmente y rogó a la interpelada que abandonara el salón de plenos. La poco edificante secuencia puede escucharse completa aquí:

[Sonido tomado de ABC Punto Radio Pozoblanco. El pleno completo puede escucharse aquí.]

En mi opinión, la actuación de Benito García resultó desmesurada y totalmente improcedente por no ajustarse a ninguno de los supuestos que el artículo 95 del ROF recoge como motivo de apercibimiento. La concejala expulsada no atentó contra el decoro de la Corporación, ni interrumpió el orden de la sesión (antes bien, fue ella la interrumpida reiteradamente), ni hizo uso de la palabra fuera del turno que le había sido concedido. En ningún artículo del ROF se legisla sobre lo que el participante en el debate puede o no exponer en su intervención ni concede al presidente la facultad de establecerlo arbitrariamente. La norma y el sentido común dictan que el portavoz pueda emplear el tiempo asignado en la argumentación que considere oportuna, siempre dentro de la corrección formal exigible a un corporativo. Josefa Márquez, por lo demás, no se apartó del tema afectado, aunque al criterio no razonado de Benito García le pareciera otra cosa.

No juzgo ahora el acierto o no de la concejala en su exposición, ni la ética política que sustenta su permanencia como concejala en el Ayuntamiento de Pozoblanco. Lo que resulta de todo punto rechazable es la grave ligereza con la que el presidente de un pleno municipal privó de la libertad de argumentar (y de votar) a uno de sus miembros electos, sin motivos legales ni justificables de ningún modo. Como los malos profesores, ante el temor a un tumulto y pretendiendo un escarmiento ejemplar, Benito optó por expulsar de la clase al primer discípulo díscolo, pero los docentes sabemos bien que así no se consigue la autoridad ni el respeto ante el alumnado. Al contrario, actuaciones como esta restan crédito a la clase política, que no anda sobrada de él, porque tras este proceder cualquier observador podría sospechar un comportamiento forzado por rencores personales derivados de una antigua militancia común cuya fractura no ha sido suficientemente aclarada, pero, en cualquier caso, ajenos a la cuestión efectivamente debatida y al desarrollo formal de la discusión. El suceso no me parece anecdótico, sino principal, porque el respeto a la argumentación ajena, incluso aunque nos desagrade profundamente, resulta consustancial al siempre frágil equilibrio democrático y cualquier actuación que conduzca en dirección contraria constituye un atentado a la libertad que nunca será gratuito, sino que traerá peligrosas consecuencias.

"Espero que se levanten todos, porque es una vergüenza", dijo Josefa Márquez cuando abandonaba el salón, solicitando la solidaridad de los presentes. Pero nadie se levantó.