Si todavía hay quien no lo entiende, no será porque desde Solienses no nos estamos esforzando en explicarlo. Pero, amigos lectores, hay cuestiones que no se pueden resolver en un
de 40 segundos. Y no se trata ahora de política partidista de este o aquel. Debemos asumir que nos enfrentamos a una cuestión vital de la que depende el futuro de nuestra comarca, de nuestra tierra, de nosotros mismos. Nada menos.
Según
declaraciones de Salvador Fuentes recogidas en prensa, la Diputación ha anunciado la interposición de un recurso de reposición contra el
rechazo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) al proyecto para el uso del agua de La Colada. La Diputación argumenta de nuevo que el procedimiento de concesión administrativa solicitado debe declararse “nulo de pleno derecho” basándose en tres argumentos.
1) por razón del territorio, al no tener competencia la Confederación del Guadiana sobre la conexión con Sierra Boyera, embalse que pertenece a la cuenca del Guadalquivir.
2) la Diputación considera que hay “injerencia en la autonomía local provincial” por parte de la Confederación al definir cómo tiene que ser el proyecto.
3) la Diputación alega “indefensión material” de la Diputación al no incluir el organismo de cuenca el expediente y su remisión a la Abogacía del Estado de las alegaciones presentadas.
Sin embargo, estas mismas razones vienen siendo utilizadas reiteradamente por la Diputación en sus redundantes escritos de "observaciones" y "alegaciones" desde la primera resolución de la Confederación, habiendo sido ya resueltas adecuadamente por el organismo de cuenca.
Con respecto a la primera cuestión, la CHG ya ha respondido en la propia Resolución de 31-3-2016 que "el aprovechamiento de aguas para el abastecimiento desde los embalses de La Colada y Sierra Boyera cuenta con respaldo explícito en la planificación hidrológica vigente y ha sido objeto de análisis y previsión en los planes hidrológicos de ambas demarcaciones hidrográficas (Guadiana y Guadalquivir), aprobados mediante Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (Publicado en BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2023). Por tanto, no sólo no concurre extralimitación alguna, sino que el procedimiento se ha tramitado con pleno respeto al marco jurídico vigente y cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado".
En cuanto al punto segundo, la extralimitación de competencias, la CHG ya respondió en su contestación a las alegaciones presentadas por la Diputación durante el trámite de audiencia (con fechas 30-04-2025 y 02-05-2025) que "este Organismo de cuenca no impone una alternativa técnica por mera preferencia, sino que ejerce legítimamente sus funciones de gestión y tutela del dominio público hidráulico conforme al ordenamiento jurídico, condicionando o denegando aquellas obras que no resultan técnicas, económicas y ambientalmente compatibles con el interés general y el uso racional del recurso. Ello es debido a que los Organismos de cuenca tienen competencia exclusiva para autorizar, condicionar o denegar cualquier obra que afecte al dominio público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía, independientemente de quién financie o explote posteriormente el servicio", señalando a continuación los artículos del texto refundido de la Ley de Aguas que así lo avalan. Por ello, concluye, "la CHG actúa plenamente dentro de sus competencias al condicionar o denegar las obras planteadas, aun cuando no actué como explotadora del aprovechamiento, pues tiene el mandato legal de custodiar el dominio público hidráulico, garantizar el interés general y aplicar los principios de eficiencia, economía, sostenibilidad y mínima afección ambiental que la normativa hidráulica y la CE le imponen".
La cuestión de la "indefensión" ya fue resuelta también por la CHG, detallando la legislación que avala sus actuaciones, en su Resolución de 04-07-2025 en respuesta a un oficio de la Diputación de Córdoba suscrito el 20-06-2025 solicitando la "nulidad del procedimiento" en base a las mismas razones.
En su última Resolución, la CHG ya recrimina a la Diputación que sus alegaciones "reproducen sustancialmente alegaciones ya formuladas y analizadas en fases anteriores del procedimiento (...), cuestiones ya resueltas de forma motivada a lo largo de la tramitación". En concreto, especifica que "las alegaciones relativas a la supuesta incompetencia de este Organismo de cuenca, a la existencia de indefensión, a la ausencia de informe del Consejo Nacional del Agua, así como a la pretendida vulneración de la autonomía provincial, han sido objeto de análisis expreso y motivado en los distintos informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente, sin que en el presente trámite se aporten elementos nuevos, ni de carácter fáctico ni jurídico, que justifiquen la revisión de las conclusiones previamente alcanzadas".
Por tanto, queda claro que la interposición de un nuevo recurso de reposición con las mismas alegaciones que los
servicios jurídicos y técnicos de la Diputación de Córdoba vienen interponiendo una y otra vez no va a servir absolutamente para nada, puesto que el organismo de cuenca, lógicamente, volverá a rechazarlas con los mismos argumentos que viene utilizando también desde el inicio del procedimiento. Si la Diputación no se esfuerza un poquito más, si no aporta nuevos argumentos fácticos o desarrolla una fundamentación jurídica más elaborada, dejará de nuevo patente su incompetencia técnica y jurídica, ahondando en su descrédito.
Y, sinceramente, los ciudadanos de a pie ya comenzamos a avergonzarnos de ello.
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