Solienses ha tenido acceso al "Expediente de solicitud de concesión administrativa para el aprovechamiento de las aguas superficiales de los embalses de La Colada y Sierra Boyera con destino al abastecimiento de los núcleos urbanos de los municipios de la zona norte de Córdoba" emitido con motivo de la
denegación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de dicha concesión de aguas solicitada por la Diputación Provincial de Córdoba. Se trata de un documento demoledor que pone en cuestión la competencia técnica y jurídica de los servicios correspondientes en la Diputación de Córdoba, independientemente de la dirección política que los guíe. El documento hace un repaso por todo el procedimiento desde la solicitud de concesión de aguas y autorización de obras en junio de 2024 hasta el momento actual. De las actuaciones detalladas se desprende incluso un punto de frivolidad por parte de la Diputación en su empeño por reiterar cuestiones ya resueltas en la tramitación del expediente y no atender directamente a los requerimientos de la Confederación, sino extenderse continuamente en circunloquios y reiteración de cuestiones ya resueltas, "observaciones" redundantes que han alargado innecesariamente el procedimiento. La Confederación, por su parte, desmonta todas las acusaciones realizadas por parte de la Diputación (por ejemplo, la nulidad de procedimiento por afectar a dos cuencas hidrográficas) con argumentos sólidos que abordaremos en otra entrada.
Un punto crucial en el desacuerdo entre ambos organismos a la hora de autorizar la concesión de aguas reside en el empeño manifestado por parte de la Diputación de Córdoba de imponer a toda costa al sistema un caudal de 600 l/s, considerado "improcedente" por la Confederación, que a su vez propone el mantenimiento del caudal de diseño de la actuación de emergencia, es decir 400 l/s.
La petición de aumento de caudal efectuada por la Diputación parte "de la incorporación de una demanda agropecuaria (2,75 hm3), que constituye un uso privativo distinto del tramitado exclusivamente para abastecimiento urbano, lo que resulta jurídicamente improcedente, ya que el uso agropecuario constituye un uso independiente y diferenciado del abastecimiento de núcleos urbanos solicitado, cuya titularidad concesional corresponde, en su caso, a los titulares de las explotaciones ganaderas o agrícolas o, en su caso, a las comunidades de usuarios o entidades legalmente habilitadas, pero no a una Diputación Provincial. Por tanto, el caudal de 600 l/s que se pretende imponer al sistema, a partir de la incorporación de una demanda agropecuaria injustificada e indeterminada, invalida la justificación hidráulica de las obras proyectadas, al carecer de encaje en el presente procedimiento", según argumenta la CHG. Como dato comparativo, conviene señalar que la "demanda agropecuaria" incorporada equivaldría al consumo anual de una ciudad de 50.000 habitantes (basado en un consumo medio de unos 130-150 litros/habitante/día).
Precisamente, el mantenimiento reiterado en la solicitud de la Diputación de ese "caudal ficticio" es lo que sostiene la pretensión de construcción de las obras proyectadas en el entorno de La Colada, que para la Confederación suponen "una duplicidad plena del sistema de captación, sistema claramente sobredimensionado, redundante y ajeno al principio de racionalidad en el uso del dominio público hidráulico, cuyo presupuesto supera los 5,5 millones de euros".
Para la CHG, "las referidas obras de emergencia han demostrado su capacidad para garantizar
el abastecimiento en condiciones incluso más exigentes que las ordinarias, incluyendo
situaciones en las que el suministro ha debido realizarse íntegramente desde el embalse de
La Colada. Este hecho pone de manifiesto que la funcionalidad del sistema ya se encuentra
asegurada sin necesidad de incorporar nuevas infraestructuras de captación, bombeo o
conducción en los términos proyectados".
Pese a ello, la Diputación de Córdoba ha mantenido en el "Proyecto modificado nº1" la
ejecución de elementos tales como una nueva estación de bombeo, conducciones
adicionales y otras infraestructuras asociadas, "sin aportar una justificación técnica suficiente
que acredite su necesidad, persistiendo así en un esquema que implica la duplicidad de
instalaciones ya existentes", apreciando el organismo de cuenca que "la justificación de determinadas actuaciones se vincula a
escenarios de explotación basados en caudales que no se corresponden con la realidad del
sistema actualmente operativo". Es decir, la CHG viene a señalar que la solicitud de estas obras innecesarias por parte de la Diputación viene motivada por su empeño en proporcionar agua de uso público a instalaciones agroganaderas para cuya concesión la entidad provincial no tiene competencias.
La Diputación de Córdoba debería despejar dudas y explicar a qué tipo de "demanda agropecuaria" se refiere en su solicitud de unas obras que la CHG ha calificado nuevamente de redundantes e innecesarias y por qué ha asumido directamente una petición que competencialmente no le corresponde, poniendo en peligro con ello la efectiva realización de las obras complementarias (fundamentalmente de electrificación) necesarias para casos de emergencia de consumo humano.
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