Autopista frustrada

Autopista frustrada

El 29 de mayo, tan sólo dos días después de las elecciones municipales y autonómicas, la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático dictó la resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de autopista de peaje Toledo-Ciudad Real-Córdoba N-IV, en la que se concluye “que dicho proyecto es incompatible con el medio ambiente, sobre el que previsiblemente causaría efectos negativos significativos”. La propuesta de resolución se emitió el 25 de mayo y resulta evidente que el informe de impacto ambiental negativo había sido escrito ya cuando el día 8 de mayo se reunieron la ministra de Fomento y los presidentes de las comunidades de Andalucia y Castilla-La Mancha para proclamar a los cuatro vientos el trazado definitivo de la autopista a su paso por la provincia de Córdoba, que ahora, de nuevo, regresa otra vez al limbo de los desiderata. Y también parece obvio que la ministra de Medio Ambiente lo conocía cuando vino por aquí el día 14 de mayo a “cerrar la compuertas de La Colada” y a endulzar los oídos con aquello de que “no habrá cementerio ni Zepa”. Sin embargo, a todos se les olvidó decir que tampoco habría autopista, hurtando a los ciudadanos una información relevante y ofreciéndoles, a cambio, una mentira. La descarada maniobra electoralista ha sido ya suficientemente señalada y para qué insistir más. La celebración ecologista, a la que nos sumamos, también.

Porque hay que partir de una evidencia incontestable: no se puede trazar una carretera entre Toledo y Córdoba sin atravesar los Montes de Toledo y la Sierra Morena, los dos ecosistemas perjudicados que fundamentalmente justifican la declaración de impacto ambiental negativa. No estamos hablando ahora de una recusación parcial, sino de una enmienda a la totalidad. Cualquier otro trazado que se planteara habría de sufrir, en pura lógica, las mismas censuras que el actual, por las mismas o más fundamentadas razones. La situación creada ahora, con poquísimos precedentes en la política española de las últimas décadas, nos lleva a un punto de difícil gestión. Nadie, de momento, ha sido capaz de avanzar cuáles pueden ser los próximos pasos a seguir, ni siquiera si se podrá mantener el proyecto.

En este contexto, no se entienden muy bien declaraciones como la del presidente de la Mancomunidad, siempre dispuesto a la complacencia irreflexiva, o las de la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía o del delegado en Córdoba, todos ellos empeñados en esa fatigosa tarea de pisotear continuamente el sentido común de los ciudadanos.

Y conste que pienso que los políticos comarcales, e incluso los provinciales, ni pinchan ni cortan nada en estas decisiones. Ni la determinación de que la autopista transcurriera paralela a la N-502 ni la declaración de impacto ambiental negativo le deben nada a los gobernantes más cercanos, que en esta cuestión, como en tantas otras, no pueden sino bailar al son que les tocan jerarquías más altas. El problema está en que los nuestros han decidido bailar este baile sin un mínimo de dignidad, justificando por sistema cualquier decisión que venga ”de arriba”, sin el más mínimo sentido crítico de la gestión ni voluntad de manifestarse con personalidad política propia. De tanto verlo cada día, hemos llegado a pensar que eso es lo natural. Pero alguna vez habrá que plantearse si existen otras formas, otros medios y otros métodos para conseguir algo, por lo menos algo. Porque pasan los años y las grandes infraestructuras no acaban de llegar.




El trazado que ha recibido la declaración de impacto ambiental negativa ha sido el primero que se diseñó, según se ve en este diagrama tomado de El País. El nuevo trazado propuesto para la provincia de Córdoba, paralelo a la N-502 hasta confluir en Espiel en la N-432, quizás encontrara menos impedimentos medioambientales, pero el tramo Toledo-Ciudad Real nunca podrá evitar una calificación semejante a la ahora obtenida. No hay alternativas para ese trazado que no discurran a través de alguna zona catalogada como Lugar de Interés Comunitario (LIC), lo cual obligaría necesariamente a futuras declaraciones ambientales negativas, cuando sea que se produjeran, allá dentro de muchos años. En este sentido, estoy dispuesto a aceptar la bondad de la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, pues nunca fui partidario de esta faraónica construcción, pero si yo fuera defensor de ella jamás podría considerar que la medida constituye "un paso para afianzar que la comarca cuente con esa infraestructura en el menor tiempo". Eso no.