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Fuentes admite que la Diputación rechazó la concesión de aguas de La Colada e insinúa prevaricación de la CHG
Anuncia que "en un año" podría estar conectada Sierra Boyera con Puente Nuevo
En una rueda de prensa [puede verse aquí, aunque recortada por la Diputación en algunos pasajes] efectuada con motivo de la comunicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) denegando la concesión de aguas de La Colada, Salvador Fuentes ha reconocido que fue la propia Diputación de Córdoba la que rechazó previamente tal concesión en función de las condiciones impuestas. El pasado 17 de marzo, sin que tal hecho trascendiera a los medios, la Diputación envió un escrito a la CHG en el que declaraba "no aceptar las características y condiciones para el otorgamiento de la concesión administrativa para el aprovechamiento de las aguas superficiales de los embalses de La Colada y Sierra Boyera (...) ofrecidas por esa Confederación al ser inejecutables y de imposible cumplimiento en el plazo otorgado". Salvador Fuentes ha recalcado: "Ellos rechazan ahora lo que nosotros no aceptábamos de plano. No es que ellos ahora denieguen, es que nosotros no aceptamos de plano las condiciones".
A pesar de ello, el presidente de la Diputación ha anunciado que estudian formular recurso de reposición, recurso contencioso-administrativo y hasta pedir "responsabilidades disciplinarias por actuaciones que entendemos que son irregulares" ("muy graves", enfatizó luego), ya que la resolución, a su parecer, no obedece a "argumentos jurídicos ni técnicos", aunque no precisó a qué otros motivos podría obedecer. Tal estrategia -similar a la anunciada el año pasado, cuando se llegó incluso a amenazar con movilizaciones en la calle, nunca realizadas- buscaría la revisión de todo el procedimiento, que Fuentes considera "nulo de todo derecho", alegando ahora "incompetencia" de la CHG por pronunciarse sobre actuaciones que afectan también a la cuenca del Guadalquivir e incumplimiento del procedimiento legal. La prevaricación administrativa es la cometida por un funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia.
"En la zona norte hay tres pantanos en cien kilómetros cuadrados [sic]. La solución al problema del agua pasa por conectar dos pantanos (...) Tendríamos que plantear también la segunda opción, que es el pantano de Puente Nuevo, que ya se enlazó en el año 1992. Bueno, pues de eso se trata, y lo vamos a hacer en un año. O La Colada-Sierra Boyera o Sierra Boyera-Puente Nuevo", concluyó Fuentes.
En casi una hora de rueda de prensa monográfica sobre el tema, no se pronunció ni una sola vez la palabra "contaminación".
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