Al César lo que es del César

Al César lo que es del César

Acto reivindicativo del pasado 23 de diciembre en la ermita de San Antonio de Pozoblanco (Foto: Plaza Pública).

El pasado 23 de diciembre la asociación "Piedra y Cal" para la defensa del patrimonio histórico de Pozoblanco organizó una original "chocolatada reivindicativa" en los alrededores de la ermita de San Antonio, durante la cual se leyó un manifesto recordando la necesidad de conservar y recuperar el edificio y sus ruedos aledaños, para lo cual se solicitó la adjudicación de una escuela taller que actúe sobre el edificio religioso del mismo modo a como se ha obrado con otros monumentos de la comarca.

Tan loable iniciativa de Piedra y Cal contó con la participación de numerosos representantes de la sociedad y la cultura de Pozoblanco, y ya se han leído en otros lugares las crónicas pertinentes sobre el acto. Yo ahora, sin embargo, quisiera detenerme en un detalle que a mi entender no se ha explicado suficientemente bien y que pudiera dar lugar a una interpretación errónea sobre las distintas responsabilidades que conciernen al estado actual -ruinoso- de la ermita. Pues al leer algunos de los comentarios que tanto en medios impresos como digitales se han escrito sobre el asunto, uno podría sacar la conclusión de que es el Ayuntamiento de Pozoblanco (y, mas en concreto, su equipo de gobierno) el culpable del lamentable estado actual del santuario, pasando por alto la circunstancia clave de que el propietario del inmueble es exclusivamente la Iglesia, una entidad de derecho privado a la que, a mi entender, deberían dirigirse fundamentalmente las prédicas y reivindicaciones. Porque el Ayuntamiento de Pozoblanco tendrá muchos pecados, no lo niego, pero éste, de serlo, es tan sólo venial, mientras que el de la Iglesia es mortal.

Llama la atención, por ejemplo, que en su columna de Los Pedroches Información, Pedro López destaque que a la convocatoria de Piedra y Cal acudiera "la más alta representación de todos los partidos políticos locales excepto el socialista", con una censura implícita, mientras que nada se dice sobre si asistió alguna "alta representación" de la jerarquía eclesiástica local (y, por el silencio, hemos de suponer que no). Se produce así, según yo lo veo, un desplazamiento de responsabilidades que no se corresponde con la realidad del caso, siendo como sabemos que la Iglesia es la única dueña y patrona de la titularidad del edificio. No estoy hablando ahora de los aspectos religiosos o espirituales, ni de los valores históricos o artísticos, sino puramente de los intereses materiales, que es lo que aquí se plantea. Y, en ese sentido, no he leído ni oído ninguna queja contra la máxima autoridad eclesiástica local, cualquiera que ésta sea, a la que sin ninguna duda hay que considerar responsale única del estado actual de la ermita.

Porque, en realidad, y tratándose de una propiedad privada, el Estado (a través de la administración autonómica, que es la competente en esta materia) ya ha realizado cuanto podía hacer, que es proceder a la protección legal del edificio mediante su catalogación como Bien de Interés Cultural (según informamos ya hace meses en Solienses, la Consejería de Cultura va a proceder a la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en la modalidad genérica colectiva, de las cuarenta y una ermitas de Los Pedroches que hasta ahora carecían de cualquier tipo de protección patrimonial explícita). Cualquier otra intervención de las administraciones públicas en el edificio debe proceder de un acuerdo con la propietaria del inmueble, la Iglesia, sin cuyo consentimiento no se podría realizar ninguna actuación. Es, por tanto, a la institución titular de los derechos a la que corresponde la gestión y hasta la iniciativa, si está verdaderamente interesada en la recuperación del edificio, cosa que no parece. Incluso, recordemos, la restauración de la ermita podría llevarse a cabo exclusivamente con sus propios recursos, con los recursos de la Iglesia de Cordoba, pero también con los solos recursos de la Iglesia de Pozoblanco, para lo cual, como se ha hecho desde antiguo, no cabría descartarse la aportación económica solidaria de los fieles de la localidad.

Es cierto que en las escuelas taller se ha encontrado en los últimos años un modo muy adecuado de combinar el aprendizaje profesional con la restauración del patrimonio histórico, pero resulta evidente que esta actuación sólo es posible a partir de un esfuerzo de colaboración entre las administraciones públicas y los titulares de los derechos de los monumentos intervenidos. Concretamente hablando ahora de los religiosos, y dados los valores de espiritualidad popular que los envuelven, la participación del Estado en su rehabilitación nos parece fundamental y hasta obligada, pero no sin contrapartidas (recordemos que la Iglesia, al ser la propietaria legal, podría teóricamente enajenar los edificios restaurados con estricto lucro particular -insisto: teóricamente-). En general, y según estamos viendo en otros casos que se producen en nuestra propia comarca, lo habitual es que entre la administración pública y la Iglesia se llegue a estos acuerdos sin ningún problema, aceptándose por ambas partes una serie de condiciones más o menos ajustadas en función de la dedicación del edificio restaurado, de su importancia real en el conjunto del patrimonio histórico de la localidad o de la necesidades coyunturales de cualquiera de las dos instituciones. Tenemos así un amplio abanico de casos que van desde la cesión total al Ayuntamiento de Dos Torres para su utilización como Casa de Cultura de la antigua parroquia de Torrefranca hasta la autorización de visitas controladas a ciertas dependencias de clausura del Convento de Santa Clara de Belalcázar. En los últimos meses hemos asistido también a las restauraciones, a través de escuelas taller, de la parroquia de la Encarnación de Santa Eufemia, de la parroquia de Santa Catalina de Fuente La Lancha, del convento de la Concepción de Pedroche, o de las ermitas de la Virgen del Castillo y Santo Domingo de Hinojosa del Duque, todas ellas a través de protocolos de colaboración entre las administraciones públicas y la Iglesia.

Y entonces, ¿por qué en Pozoblanco no ha sido posible aún esa colaboración?. ¿Todo el desacuerdo es responsabilidad del Ayuntamiento de Pozoblanco, como parecen apuntar las críticas y las reivindicaciones, o hay algún incumplimiento de deber que atañe también a las autoridades eclesiásticas locales?. Antes de seguir discutiendo, quizás debería resolverse esta cuestión. Porque en el universo de los conflictos ideológicos, las razones no son una cuestión baladí, sino fundamental.