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Un derecho por ley
La llamaré con un nombre ficticio, Dolores, para preservar su identidad. Estuve hablando con ella un buen rato. Es una mujer de casi noventa años y en esa tarde crujiente de verano me contó tantas cosas, tan diversas, que me cuesta recordarlas todas en este momento. Pero una se me quedó grabada especialmente. No sé cómo estábamos hablando de su situación actual y ella me confesó que se encontraba bien, que estaban sus hijas que cuidaban de ella, aunque cada una vivía en su casa, y que ahora también venía a atenderla "la mujer de la Ley de la Dependencia". Lo dijo así: la mujer de la Ley de la Dependencia. Creo que no lo dijo casualmente de este modo.
Dolores es una mujer muy concienciada ideológicamente, muy comprometida políticamente con la sociedad, informada de la actualidad de modo impropio a su edad, ha mantenido una impecable trayectoria de izquierdas durante toda su vida y todavía hoy es capaz de ofrecer una lucidez envidiable en la defensa de sus ideas e ideales. Y sabe distinguir la caridad de lo que es un derecho. Cuando dijo "la mujer que viene por la Ley de la Dependencia" estaba manifestando no la vergüenza que sienten algunos por recibir un servicio que creen procedente de la generosidad siempre sospechosa del gobernante de turno, sino el orgullo de pertenecer a un Estado que ha sido capaz de definir una situación de necesidad y de ponerle remedio. La mujer que viene por la Ley de la Dependencia es un derecho que le asiste en una sociedad avanzada, no es una cortesía interesada del alcalde de su pueblo. Dolores lo tiene claro.
Me he acordado de esta anécdota cuando he visto una noticia en la que se pone de relieve cómo los ayuntamientos están realizando una serie de tareas asistenciales con las personas mayores de su pueblo: cursos, actividades de acompañamiento y también asistencia a domicilio. Se inclina la nota de prensa, interesada como todas, a considerar tal servicio como financiado por el propio ayuntamiento, cuando en realidad sabemos que los municipios se limitan en este sentido a tramitar las solicitudes que se realizan ante la comunidad autónoma, que es la que transfiere a los ayuntamientos los fondos necesarios (aportados por la propia comunidad y por la administración general del Estado) para la satisfacción de estos servicios de acuerdo con la Ley de la Dependencia, que es la que permite que las personas mayores de nuestros pueblos con necesidades asistenciales reciban estos beneficios. Algunos alcaldes podrían caer en la tentación de manipular sibilinamente la percepción que las personas mayores pudieran tener de este servicio para que entiendan que se trata de un acto discrecional, que el alcalde fuera el que por decisión propia les ofrece esa ayuda a domicilio y hay que estarle agradecido por ello. Dolores lo sabe, pero otros y otras no. Habría que instruir a estas personas mayores en el conocimiento de su derecho, que no están recibiendo ninguna obra de caridad, sino que están siendo perceptoras de unas prestaciones que les corresponden. Porque así lo determina una ley. La Ley de la Dependencia.
5 comentarios :
Eso, eso: LEY. Rajoy, te acuerdas? Bonilla, es una LEY. Alcaldes del PP, os lo tienen que recordar a diario lo de LEY... de Zapatero? Pues eso, alcaldes congresista y epremasado...
Santi, te suena que la impulsó Zapatero, pues a tus zapatos mancomunados
Una ley de 2006 muy bonita de cara a la galería, pero carente de dotación presupuestaria en aquellos años, ni transferida de inmediato a las CC.AA., situación que dio lugar una vacatio legem durante muchos años, demasiados.
A día de hoy (2025), a pesar de estar transferidas las competencias a las CC.AA. sigue adoleciendo del mismo defecto presupuestario y de recursos humanos, lo cual da lugar -en el caso de Andalucía- a que haya muchísimas personas que fallecen sin siquiera haber sido evaluadas. Y no digo nada del tiempo que se llevan, después de haber sido evaluadas, esperando la ayuda social correspondiente.
Una ley sin el respaldo económico adecuado es papel mojado por muy bonito que nos lo quieran pintar los de un color y los del otro color. Y quienes conocen bien el tema son los familiares que lo han sufrido y lo sufren en sus carnes.
Menos medallitas.
Por favor que nadie perturbe la tranquilidad de Santi que nadie altere a su mantenido sonoro y a sus palmeros oficiales con cosas que ni les va ni les importa… a los abuelos con el hornazo y su comida de navidad van que chutan
Al final todos los servicios sociales provienen de los impuestos que, forzosamente, pagamos los contribuyentes. Así que cuando decimos que la Diputación o la Junta o el Gobierno central prestan determinados servicios, sería más correcto que dichos servicios son prestados por los particulares y empresas. Los citados entes públicos son meros intermediarios, pues no tienen capacidad de generar dinero.
Es por ello que cuando observamos a qué se destinan a veces los fondos públicos muchos contribuyentes nos sintamos estafados por el uso que se le da a los mismos. Debería haber mayor fiscalización del destino de este dinero, o un mayor castigo a los que utilizan inadecuadamente el mismo, sean de un partido u otro.
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