La Confederación Hidrográfica del Guadiana recabará informe a la Abogacía del Estado sobre la conexión definitiva de La Colada
El procedimiento podría derivar en un contencioso-administrativo que retrasaría hasta un año su resolución.
Presa de La Colada [Foto: Solienses].
En este informe complementario de contestación a las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia, la CHG básicamente se ratifica en sus conclusiones emitidas en el informe de 15-4-25 por el que se informaba favorablemente sobre el otorgamiento de la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales del embalse de La Colada con destino al abastecimiento de los municipios del norte de la provincia y la acometida eléctrica en media tensión para dotar de suministro a la estación elevadora ya ejecutada durante la emergencia, al tiempo que se informaba desfavorablemente sobre la ejecución de las obras relativas a la conexión definitiva entre el pantano de La Colada y el de Sierra Boyera, por considerarlas redundantes y sobredimensionadas.
Las alegaciones de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía se centran básicamente en cuestionar las competencias y argumentaciones de la CHG para no autorizar las obras del proyecto de la llamada "conexión definitiva", ya adjudicadas, a lo que la Confederación responde que "no impone una alternativa técnica por mera preferencia, sino que ejerce legítimamente sus funciones de gestión y tutela del dominio público hidráulico conforme al ordenamiento jurídico, condicionando o denegando aquellas obras que no resultan técnicas, económicas y ambientalmente compatibles con el interés general y el uso racional del recurso" y recuerda que la CHG "tiene competencia exclusiva para autorizar, condicionar o denegar cualquier obra que afecte al dominio público hidráulico y a sus zonas de servidumbre y policía, independientemente de quién financie o explote posteriormente el servicio".
La remisión del informe a la Abogacía General del Estado le concede ahora a este órgano asesor un papel relevante en la resolución del conflicto entablado entre CHG, por un lado, y Diputación de Córdoba y Junta de Andalucía por otro. Como representante legal de la Administración General del Estado, la Abogacía del Estado analizará la legalidad de la negativa de la CHG a autorizar las obras, evaluando si la decisión se ajusta a la normativa vigente, como el Plan Hidrológico del Guadiana o la legislación de aguas. Su dictamen puede respaldar o cuestionar la posición de la CHG, influyendo en la solidez legal de la negativa. Su interpretación jurídica podría resultar clave para mantener o revertir la decisión.
La Abogacía del Estado suele emitir informes en plazos que oscilan entre uno y tres meses para casos de complejidad media, pero si el asunto deriva en un proceso contencioso-administrativo, como todo parece indicar, el tiempo total podría ser mayor, incluso superando un año. De todas formas, no hay prisa: el propio informe de la CHG reconoce que todavía no dispone de un análisis sanitario, emitido por la Consejería de Salud, "favorable y sin reparos" sobre la calidad del agua de La Colada. Solo una vez recibido ese documento, y cumplimentados todos los tratamientos y verificaciones exigidos en la ETAP, podría autorizarse el inicio efectivo de la explotación del aprovechamiento de aguas, garantizando que reúne los parámetros de calidad normativos que las hagan aptas para el consumo humano. Y, de momento, todo parece indicar que ese informe favorable está muy lejos de poder emitirse dado el altísimo grado de contaminación del embalse. Porque, en lugar de ponerse a trabajar en ello, el presidente de la Diputación anda ahora enredado con su última ocurrencia de volver a las barricadas.
