Vamonos al contencioso administrativo

Vamonos al contencioso administrativo

Con una exposición pública que ya provoca sobre todo compasión hacia la persona, el presidente de la Diputación de Córdoba ha anunciado a bombo y platillo que la institución provincial ha interpuesto un recurso de reposición contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que le deniega la concesión de las aguas de La Colada. Sí, la misma concesión que semanas antes la Diputación no aceptó porque no estaba de acuerdo con las condiciones. Y lo hace con las mismas alegaciones que la CHG ya ha rechazado, argumentado y justificado en varias ocasiones, en cada uno de los pliegos que la Diputación ha ido presentando, en un corta y pega continuo, a cada uno de los actos administrativos del organismo de cuenca. Resulta evidente que la CHG desestimará el recurso, además de tirarle de nuevo de las orejas por su incompetencia técnica y jurídica. Y entonces, el presidente de la Diputación anuncia, como quien se guarda un as en la manga, que "iremos al contencioso administrativo". Entre unos trámites y otros, es posible que llegue el verano de 2027 y Salvador Fuentes se vea finalmente libre de este calvario y nosotros de la profunda pena que nos da verle librar una batalla para la que evidentemente no está capacitado.

También anda con el contencioso administrativo a cuestas el consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches. Este organismo, que representa los intereses económicos de productores y empresarios asociados que elaboran jamones y paletas procedentes de cerdo ibérico en Los Pedroches, ha interpuesto ante la Audiencia Nacional recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Agricultura por la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso contra la Resolución de la Dirección General de Alimentación, en el procedimiento de modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo. Es decir, para que se entienda: el contencioso planteado por la DOP Los Pedroches no va todavía contra la resolución que permite a Guijuelo certificar jamones solo 50% ibéricos, sino contra la desestimación (presunta) del recurso interpuesto contra dicha resolución. O sea, la gallina. Es un galimatías administrativo, desde luego, pero en estas cosas se entretienen los gestores y se sirven de ellas para convertir en batalla política lo que es meramente un juego de intereses particulares.